La Contraloría General solicitó al Ministerio de Defensa entregar el expediente completo que sustenta la compra de 17 aviones de combate Gripen, una adquisición que ha generado controversia por su costo y por el proceso de selección del fabricante sueco Saab. La entidad pidió explicaciones formales al ministro Pedro Arnulfo Sánchez y requirió soporte documental sobre todas las etapas del proceso.

De acuerdo con la información conocida, el organismo de control pidió copia íntegra del expediente contractual, incluidos los documentos de la fase precontractual y contractual. También solicitó el contrato suscrito con la firma asesora que acompañó al Ministerio de Defensa durante la negociación y evaluación técnica de las aeronaves.

La Contraloría pidió, además, los documentos comparativos de las alternativas analizadas antes de seleccionar los Gripen. Entre esas opciones se encontraban aviones franceses y modelos F-16, entre otros. El ente de control exigió que se detallen las razones técnicas, legales y económicas que llevaron a escoger la propuesta sueca, precisando que esa información resulta fundamental para verificar el proceso de decisión.

La entidad insistió en que la reserva de información no puede invocarse para negar los documentos requeridos y recordó que el control fiscal preventivo se realiza sin intervenir en la administración, pero sí mediante seguimiento permanente en tiempo real. El Ministerio dispone de cinco días hábiles para remitir toda la documentación solicitada.

Debate por el costo

La adquisición de la flota ha estado acompañada de cuestionamientos por su valor y por los elementos incluidos en el contrato. El presidente Gustavo Petro defendió la negociación afirmando que el paquete contempla aviones nuevos, transferencia tecnológica, mantenimiento, repuestos y capacidades de entrenamiento, lo que —según dijo— no ofrecían otras alternativas que estaban sobre la mesa.

El mandatario también señaló que el costo total, proyectado en 16,5 billones de pesos durante la ejecución del contrato, incluye simuladores, armamento, sensores y equipos logísticos. Afirmó que parte de los pagos no será asumida por su gobierno, debido a un periodo de gracia pactado en la negociación.

Con la solicitud de la Contraloría, el proceso queda bajo un escrutinio más estricto, en un momento en el que la política de modernización militar del país continúa generando discusiones sobre sostenibilidad fiscal, prioridades estratégicas y transparencia en la contratación pública.