La Procuraduría General de la Nación inició cinco indagaciones disciplinarias para establecer si las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro contra las estructuras de alias Iván Mordisco respetaron los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La decisión se tomó tras la confirmación oficial de que quince menores de edad murieron en distintos bombardeos ejecutados en zonas de Guaviare y otras regiones del país.

De acuerdo con la información reportada por Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, la cifra de víctimas menores ascendió a quince después de la actualización entregada el lunes 17 de noviembre. El caso generó conmoción nacional y llevó al Ministerio Público a activar un seguimiento exhaustivo a las actuaciones de la Fuerza Pública en estos operativos.

Las indagaciones están bajo la dirección del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Ozuna, quien decretó pruebas para determinar si las tropas tenían conocimiento previo de la presencia de menores en los campamentos señalados como objetivos, así como para establecer si la participación de estos adolescentes tenía algún tipo de incidencia en las hostilidades. La Procuraduría también requirió información al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares.

Entre los puntos centrales de la investigación está la verificación del cumplimiento del principio de precaución, uno de los pilares del DIH, que exige adoptar medidas para prevenir daños graves a personas protegidas. En ese sentido, se busca esclarecer si se aplicaron los protocolos correspondientes antes de autorizar los bombardeos en áreas donde pudiera haber menores reclutados.

La entidad confirmó además que el procurador delegado se trasladará a la zona para recabar material probatorio directo y entrevistar a autoridades locales. El objetivo es consolidar información que permita determinar si existió responsabilidad disciplinaria de funcionarios involucrados en la planeación o ejecución de estas operaciones.

La Procuraduría ya había expresado públicamente su condena al reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, calificándolo como una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, insistió en la necesidad de que las acciones del Estado también se ajusten estrictamente a los estándares del DIH, especialmente en contextos donde pueden estar involucrados niños, niñas y adolescentes.

Por ahora, las cinco indagaciones avanzan de manera paralela mientras el país sigue atento a los resultados y a las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de los operativos en los que murieron los quince menores. El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos del conflicto armado y las implicaciones humanitarias de las acciones militares en zonas de presencia de grupos ilegales.