La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el Gobierno contaba con información suficiente para prever la presencia de menores en los campamentos de las disidencias de Iván Mordisco que fueron bombardeados recientemente. Durante una entrevista en La W, la funcionaria llamó a revisar el uso de la fuerza letal en estas operaciones, especialmente después de que Medicina Legal confirmara que quince menores han muerto en estos ataques desde agosto.

Marín señaló que la primera responsabilidad recae en los grupos armados ilegales que reclutan a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la defensora, las disidencias de la línea de Mordisco son las que concentran el mayor número de reportes de reclutamiento forzado, lo que refleja la gravedad de la situación en las zonas donde estas estructuras mantienen presencia.

Sin embargo, advirtió que ese hecho no exime al Estado de tomar medidas adicionales antes de autorizar una operación aérea. Según dijo, la dinámica de movilidad constante de estas disidencias exige reforzar la inteligencia militar y priorizar medios alternativos antes de un bombardeo. Para la Defensoría, la cantidad de menores reclutados por estos grupos hacía presumible su presencia en los campamentos señalados como objetivo.

La funcionaria también cuestionó la forma en que se conoció la información sobre los menores fallecidos. Afirmó que los datos no se entregaron de manera clara desde un inicio, y que las cifras se han conocido de manera fragmentada a medida que Medicina Legal ha actualizado sus reportes. Esto, dijo, evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de consolidar y divulgar esta información.

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Marín reiteró que había solicitado al presidente Gustavo Petro suspender los bombardeos mientras no hubiese certeza sobre la presencia de menores en las estructuras atacadas. Aunque la respuesta del mandatario fue negativa, la defensora insistió en la importancia de establecer espacios formales de diálogo para revisar los procedimientos y evitar nuevas tragedias en medio de las operaciones.

La defensora concluyó que el país necesita una discusión institucional más profunda sobre los límites y condiciones del uso de la fuerza en contextos donde hay menores reclutados, un debate que podría marcar el rumbo de futuras decisiones en la política de seguridad.