El debate institucional por los límites del discurso público llegó a un nuevo punto luego de que el Consejo de Estado ordenara al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar las declaraciones en las que insinuaron que el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, estaría colaborando con el ELN.

La decisión surge tras la tutela presentada por Bohórquez en julio de 2025, en la que alegó afectaciones a sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad, la honra y el buen nombre. La Sección Segunda había rechazado el recurso en primera instancia, pero la Sección Tercera lo aceptó al evaluar el impacto de las declaraciones oficiales en la integridad del personero.

El Consejo de Estado reconstruyó el contexto en el que se produjeron los señalamientos. El 21 de abril, durante un consejo de ministros, Petro cuestionó: “¿A quién le trabajan?”, sugiriendo que Bohórquez buscaba “paralizar el Ejército en el Catatumbo” en medio del debate jurídico por el decreto de conmoción interior, que posteriormente sería tumbado por la Corte Constitucional. Ese mismo día, Benedetti publicó en X que quienes se opusieran a la medida eran “sospechosos de estar ayudando a la insurgencia”.

El alto tribunal concluyó que los señalamientos carecieron de sustento y expusieron al funcionario a un riesgo adicional en una zona marcada por la presencia de grupos armados.

El fallo ordena a Petro aclarar sus declaraciones en su próxima alocución presidencial o intervención televisiva, reconociendo que no existe ninguna investigación ni expediente que vincule al personero con grupos armados ilegales. Benedetti deberá, a su vez, publicar un mensaje rectificatorio en su cuenta de X en un plazo de cinco días y mantenerlo visible durante tres meses, siguiendo estándares de veracidad y respeto.

Además, la Unidad Nacional de Protección tiene veinte días para realizar un estudio técnico actualizado sobre el nivel de riesgo del personero y determinar si su esquema de seguridad requiere ajustes. La decisión responde a las amenazas que Bohórquez dijo haber recibido después de los señalamientos, algunas de ellas comparándolo con ataques previos sufridos por otros funcionarios públicos.

Señalamientos sin sustento y un impacto sobre el ejercicio institucional

La providencia subraya que las afirmaciones hechas por Petro y Benedetti atribuyeron al personero, de manera pública y sin soporte probatorio, una presunta cercanía con estructuras armadas ilegales. Ese tipo de imputaciones —indicó el tribunal— tienen consecuencias directas en la seguridad de los funcionarios que trabajan en regiones como el Catatumbo, donde confluyen intereses de diferentes actores armados.

Bohórquez insistió en que su labor se ha centrado en la vigilancia de los derechos humanos y que sus posiciones frente a la conmoción interior obedecían a criterios institucionales, no políticos. “Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí o a mi familia”, afirmó en su momento, señalando que nunca ha pertenecido a grupos armados ni ha actuado en favor de sus intereses.

El fallo deja abierto un debate sensible, los efectos que pueden tener las declaraciones de altos funcionarios en la seguridad de servidores públicos que operan en zonas de conflicto y la responsabilidad estatal en garantizar que el discurso político no ponga en riesgo a quienes ejercen funciones de control en el territorio.