El presidente Gustavo Petro justificó el operativo militar realizado en zona rural del Guaviare, en el que murieron seis menores reclutados por las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. El bombardeo, autorizado directamente por el jefe de Estado, tenía como objetivo atacar un campamento de esa estructura armada, señalada por reclutamiento de menores y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El mandatario respondió a las críticas que surgieron tras conocerse el resultado de la operación, defendiendo que su decisión buscaba evitar una emboscada contra tropas del Ejército. Según explicó, si los 150 hombres de Iván Mordisco continuaban su avance, existía un riesgo inminente para un grupo de 20 soldados ubicados a pocos kilómetros. “Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, sostuvo.

En contexto: Defensoría confirma muerte de seis menores en bombardeo autorizado directamente por Gustavo Petro

Petro afirmó que asumió el costo de autorizar la acción aérea para proteger a los uniformados que se encontraban en riesgo directo. “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, escribió en X, al insistir en la complejidad de las operaciones en zonas donde las disidencias mantienen control territorial. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, agregó.

La Defensoría del Pueblo confirmó que, además de los seis menores fallecidos, fueron recuperados otros cuatro cuerpos aún sin identificar. El organismo reiteró que las disidencias tienen responsabilidad inicial por involucrar a niños en las hostilidades, utilizarlos como escudos humanos y exponerlos a los riesgos del conflicto. Sin embargo, también advirtió que los menores reclutados conservan protección reforzada incluso en combate, lo que exige a las autoridades evaluar con mayor rigor los métodos empleados en los operativos militares.

El organismo cuestionó si podían haberse utilizado otras modalidades de operación que permitieran obtener la misma ventaja militar con un daño menor. Recordó que ningún niño reclutado debe resultar afectado por acciones bélicas y que su presencia en campamentos de grupos ilegales “no habilita la posibilidad de un ataque”.

La Defensoría insistió en que su función no es validar acciones de guerra, sino promover el principio de humanidad. Subrayó que el DIH prohíbe categóricamente el uso de menores como escudos humanos y señaló que el análisis no puede limitarse a una discusión técnica sobre los umbrales de la norma, pues su esencia es “reducir el sufrimiento humano”.