La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de seis menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado, tras un bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare. La operación, dirigida contra las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, fue autorizada por el presidente Gustavo Petro como parte de la reciente ofensiva contra estructuras armadas ilegales en el sur del país.

De acuerdo con el organismo de control, en el sitio también fueron recuperados otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados. El bombardeo hizo parte de una serie de operaciones militares que en la última semana han dejado 28 muertos, en medio del endurecimiento de la estrategia gubernamental frente a los grupos dedicados al narcotráfico y la expansión territorial armada.

En contexto: Gustavo Petro ordena bombardear disidencias de las FARC lideradas por “Iván Mordisco”

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que los menores fallecidos formaban parte de un grupo reclutado por las disidencias, una práctica que constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según explicó, la entidad ha documentado múltiples casos de reclutamiento en esta región amazónica, donde las estructuras de Mordisco mantienen un fuerte control.

Protección reforzada en medio del conflicto

La Defensoría subrayó que, incluso en operaciones militares, los niños y adolescentes sometidos al reclutamiento ilegal conservan una protección reforzada por el DIH. Esto implica que la Fuerza Pública debe evaluar cuidadosamente los medios y métodos utilizados para evitar daños desproporcionados, especialmente cuando se sabe que los grupos armados emplean a los menores como escudos humanos, una conducta prohibida por las normas de la guerra.

La entidad enfatizó que la principal responsabilidad recae sobre las organizaciones armadas ilegales que vinculan a menores al conflicto, pero insistió en que el impacto humano de estas operaciones debe permanecer en el centro del debate público.

Un llamado a priorizar el principio de humanidad

“El país no puede quedarse en discusiones técnicas sobre el derecho de guerra. Estamos hablando de niños y niñas reclutados, sin protección, convertidos en objetivos militares”, declaró la Defensoría. La institución reiteró que su rol no es certificar la legitimidad de los ataques, sino rechazar la violencia y promover la construcción de paz en territorios donde las comunidades viven bajo el fuego cruzado.

Mientras avanzan las investigaciones y se identifican plenamente las víctimas, el organismo pidió que el principio de humanidad prevalezca en las decisiones operativas y políticas, para evitar que los menores continúen siendo las principales víctimas del conflicto armado.