La diligencia de conciliación programada por la Corte Suprema de Justicia entre Juliana Guerrero y la representante Jennifer Pedraza quedó en el aire este 14 de noviembre, luego de que la asesora del Ministerio del Interior —quien además fue la denunciante— no asistiera a la cita judicial. El encuentro hacía parte del proceso por calumnia que Guerrero instauró contra la congresista, tras las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional.

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La no comparecencia de Guerrero impidió que se realizara la audiencia, convocada inicialmente para buscar un acuerdo entre las partes. A la salida del recinto, Pedraza señaló que la ausencia podría estar relacionada con el desarrollo reciente del caso y con la información que hoy es de conocimiento público sobre la Fundación San José, institución que anuló el título de Guerrero tras detectar que no cumplió requisitos como la presentación del examen Saber Pro.

La congresista insistió en que el proceso no es personal y recordó que sus denuncias apuntan a posibles irregularidades sistemáticas en la expedición de diplomas. La representante reiteró su llamado a Guerrero para que entregue información a la justicia sobre un eventual “cartel de títulos”, un tema que actualmente investiga el Ministerio de Educación y que también ha derivado en actuaciones de la Fiscalía.

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Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y delitos informáticos luego de que la congresista revelara que la aspirante a viceministra de Juventud no cumplía con los requisitos profesionales exigidos. La controversia creció cuando la Fundación San José anuló su título al determinar que no había superado las pruebas estatales, pese a que su documento figuraba en plataformas oficiales semanas después de su postulación al cargo.

En paralelo, el nombre de Guerrero ya estaba bajo cuestionamientos por su trayectoria: con 23 años, había ocupado cargos en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y aparecía con seis años de experiencia laboral certificada. La institución educativa, además, responsabilizó a un exfuncionario por avalar su proceso académico sin los soportes necesarios, versión que este justificó bajo un supuesto “acuerdo” para completar luego los requisitos exigidos por ley.

El episodio se suma a una serie de investigaciones y cuestionamientos alrededor de títulos otorgados sin el cumplimiento de los requisitos mínimos, un tema que mantiene bajo revisión a varias instituciones educativas y que, según las autoridades, podría destapar prácticas extendidas en el país. El proceso entre Guerrero y Pedraza sigue abierto.