El presidente Gustavo Petro ordenó suspender de manera inmediata el intercambio de información de inteligencia entre la fuerza pública colombiana y las agencias de seguridad de Estados Unidos, en respuesta a los bombardeos realizados por Washington contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

La decisión fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta en X, donde escribió: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”. Según explicó, esta suspensión se mantendrá mientras continúen “los ataques con misiles a lanchas en el Caribe”.

La cooperación militar y de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos ha sido una de las más estrechas de América Latina desde los años noventa, consolidada con el Plan Colombia y reforzada durante los gobiernos posteriores. Sin embargo, la orden de Petro representa el primer quiebre formal en esa relación estratégica, al menos en materia de intercambio de información.

El presidente justificó la decisión señalando que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, en referencia a las recientes operaciones de Estados Unidos que, según informes internacionales, habrían dejado al menos 76 muertos en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

De acuerdo con versiones difundidas por medios estadounidenses, el Reino Unido también habría suspendido su cooperación en inteligencia con Washington, al considerar que no puede ser “cómplice” de operaciones que califican como extrajudiciales e ilegales.

Tensiones crecientes con Washington

La decisión de Petro llega en medio de una escalada de tensiones diplomáticas con el Gobierno de Donald Trump, a quien el mandatario colombiano ha acusado de cometer crímenes de guerra en el marco de su ofensiva antidrogas. Los ataques en el Caribe y el Pacífico han reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en operaciones internacionales.

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La tensión aumentó aún más este martes, con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y poderoso del mundo, a aguas del Caribe. En respuesta, el Gobierno de Venezuela movilizó cerca de 200.000 militares para ejercicios de defensa y aprobó una nueva ley de seguridad nacional ante lo que calificó como “amenazas” estadounidenses.

La suspensión del intercambio de inteligencia supone un desafío para la cooperación militar que, pese a los desencuentros políticos, se había mantenido activa incluso cuando Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

De concretarse plenamente la orden, sería la primera ruptura operativa en la relación de seguridad entre ambos países en décadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había asegurado recientemente que la financiación militar estadounidense continuaba vigente, pero la nueva postura de Petro podría redefinir ese escenario.

Con esta medida, el presidente busca marcar distancia frente a la estrategia militar de Washington, reforzando su discurso de que la política antidrogas debe priorizar la vida y los derechos humanos por encima de los objetivos bélicos.