El Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo en la disputa jurídica que rodea al Pacto Histórico. La Sección Quinta del alto tribunal admitió para estudio la demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien busca anular la personería jurídica condicionada que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió al movimiento político liderado por el presidente Gustavo Petro.

La acción judicial, radicada el pasado 7 de noviembre, cuestiona la legalidad de dos resoluciones expedidas por el CNE —una del 17 de septiembre y otra del 15 de octubre de 2025— mediante las cuales se aprobó la fusión de seis colectividades: Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Partido Comunista, Progresistas y la Minga Indígena Política y Social.

Según Valencia, el CNE actuó por fuera de sus competencias al conceder una personería condicionada a que las colectividades fusionadas no tuvieran sanciones pendientes. Para la senadora, este tipo de reconocimiento “carece de soporte en la normativa electoral vigente y rompe el principio de legalidad”, otorgando —según su argumento— ventajas indebidas al Pacto Histórico.

El proceso avanza en la Sección Quinta

El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, ponente del caso, confirmó que la demanda cumple los requisitos exigidos para su admisión, al individualizar los actos administrativos y las partes involucradas. El expediente fue remitido al CNE, que tendrá 30 días para responder, y también fue notificado a la Procuraduría y a los representantes de las colectividades que conforman el Pacto.

Valencia incluyó en su escrito una solicitud de suspensión provisional de los efectos de la personería jurídica condicionada, medida que el Consejo de Estado deberá resolver en los próximos días. De concederse, el Pacto Histórico quedaría sin reconocimiento formal mientras avanza el proceso de fondo.

Esta es la segunda victoria procesal para la congresista del Centro Democrático, luego de que el alto tribunal admitiera otra demanda suya contra la creación del partido Progresistas, también por presuntas irregularidades en su reconocimiento. Ambos procesos podrían alterar el equilibrio interno del bloque de izquierda y tener efectos directos sobre la estrategia política del Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026, donde Iván Cepeda ya fue proclamado como candidato presidencial.