La Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso penal contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por su presunta participación en el denominado carrusel de las pensiones en Córdoba, un escándalo de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos mediante el cobro irregular de pensiones del Magisterio.

Según confirmó la Sala de Instrucción del alto tribunal, el caso, que permanecía en curso desde 2023, vuelve a tomar impulso tras la orden del magistrado Francisco Farfán Molina, quien dispuso la práctica de nuevas pruebas y la citación de testigos clave. La investigación busca establecer la responsabilidad de Benedetti en presuntos hechos de concusión, cuando se desempeñaba como senador de la República.

De acuerdo con las pesquisas judiciales, el esquema de corrupción habría operado entre 2010 y 2012 mediante la presentación de resoluciones falsas y documentación irregular ante la Fiduprevisora, con el objetivo de tramitar pagos de pensiones a docentes inexistentes o suplantados en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.

Benedetti es señalado de haber exigido dinero a abogados que gestionaban los desembolsos a cambio de facilitar la liberación de recursos. Según testigos del proceso, la estructura delictiva desvió más de 150.000 millones de pesos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

El caso involucra a varios exfuncionarios públicos, jueces y abogados que ya fueron condenados por la justicia. Entre ellos se encuentra Álvaro Enrique Burgos del Toro, considerado cabecilla de la red, condenado a 22 años de prisión, y quien, según reveló W Radio, mencionó directamente a Benedetti en sus declaraciones ante la Corte, asegurando que este habría solicitado un porcentaje del dinero desviado.

Nuevos testimonios y nombres conocidos

Entre los citados a declarar figura Leonardo Pinilla Gómez, alias El Porcino, abogado condenado por el Cartel de la Toga, cuya audiencia está programada para el jueves 13 de noviembre. También fueron llamados a rendir testimonio Catherine Carine Cogollo Reina, exjueza de Lorica condenada a siete años de prisión, y Guillermo Raúl Rhenals Cova, abogado sentenciado en 2018 a 17 años por su papel en la red.

Las declaraciones pretenden establecer vínculos entre el carrusel de las pensiones y otras tramas de corrupción en el departamento de Córdoba, como el Cartel de la Hemofilia, en el que también participaron funcionarios y asesores jurídicos que desviaron fondos públicos mediante documentación falsa.

La reactivación de este proceso coincide con el reciente allanamiento a la residencia de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, ordenado por la magistrada Cristina Lombana en el marco de otro expediente judicial. El ministro calificó la diligencia como “ilegal” y aseguró que se trata de una persecución política.

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Con esta decisión, la Corte Suprema vuelve a poner bajo escrutinio la trayectoria del ministro del Interior, quien enfrenta uno de los procesos más sensibles en su carrera política. La causa podría definir no solo su futuro judicial, sino también su permanencia en el gabinete presidencial.