Tras un año de aplazamiento, Gustavo Petro reconocerá responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica

El Gobierno Nacional cumplirá este domingo 9 de noviembre en Santa Marta con el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica (UP), una deuda histórica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como uno de los peores exterminios políticos de América Latina.

El evento, organizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien ofrecerá disculpas públicas en nombre del Estado colombiano a los familiares, militantes y simpatizantes de la UP que fueron víctimas de persecución, desaparición y asesinato.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 5.700 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1984 y 2002 en el marco de una campaña sistemática de exterminio. Entre las víctimas figuran dos candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa—, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes, además de cientos de líderes sociales, sindicales y comunitarios.

“Este acto reafirma el compromiso institucional con la verdad, la reparación integral de las víctimas y la consolidación de las garantías de no repetición”, expresó César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH

La ceremonia en Santa Marta responde al cumplimiento de una de las 19 medidas de reparación ordenadas por la CIDH en su sentencia de julio de 2022, que estableció la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio del movimiento político.

El tribunal internacional concluyó que existió aquiescencia y participación de agentes estatales en los crímenes, lo que representó una violación sistemática de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, los derechos políticos y las garantías judiciales.

Entre las medidas ordenadas por la Corte figuran el reconocimiento público de responsabilidad, la búsqueda de desaparecidos, la adopción de garantías de no repetición y la reparación integral de las víctimas.

Un acto aplazado y cuestionado

La ceremonia debía realizarse hace un año, el 11 de octubre de 2024, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sin embargo, fue aplazada por quebrantos de salud del presidente Petro, quien canceló su participación a última hora. En ese entonces, más de 2.000 familiares de las víctimas habían acudido al evento, que generó polémica por el costo del montaje, superior a los $3.700 millones, según registros de contratación pública.

El nuevo acto en Santa Marta busca corregir esa deuda y materializar el reconocimiento que la Corte Interamericana exigió como parte del proceso de justicia y reparación.

En sus recientes declaraciones, Petro recordó que el exterminio de la UP fue una alianza entre sectores estatales y el narcotráfico, y lo comparó con los procesos de eliminación política ocurridos en regímenes autoritarios del siglo XX. “En Colombia hubo un exterminio de la izquierda como el que hicieron los nazis en Alemania o los franquistas en España”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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