El juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, autorizó a la Fiscalía el uso de información financiera, registros telefónicos y datos asociados a una camioneta Chevrolet Tahoe dentro del juicio contra Nicolás Petro Burgos, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante la audiencia preparatoria, la defensa de Nicolás —representada por el abogado Alejandro Carranza— pidió excluir los informes económico y financiero elaborados por investigadores del CTI, alegando que “carecen de validez pericial” y fueron elaborados por funcionarios sin acreditación técnica ni científica.

El juez desestimó el argumento, al señalar que los documentos “no pierden su valor como prueba” siempre que su incorporación se realice respetando las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción. Carbonó precisó que dichos informes no constituyen dictámenes técnicos, sino pruebas de referencia que deben ser incorporadas bajo las normas del testimonio.

La defensa también solicitó que se descartaran los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, argumentando duplicidad y falta de delimitación en su presentación. Sin embargo, el juzgado determinó que los datos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes”, por lo que resultan pertinentes dentro del proceso.

En cuanto a la camioneta Chevrolet Tahoe, el juez decidió admitir los informes relacionados, pese a que el vehículo no figura a nombre de Petro Burgos. Según la Fiscalía, este bien habría sido recibido como dádiva, y podría constituir parte del patrimonio presuntamente injustificado del procesado.

Carbonó también avaló el uso del informe de informática forense sobre el iPhone 13 Pro Max que pertenecía a Daysuris Vázquez Castro, excompañera sentimental de Petro, y que fue entregado voluntariamente a la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, el análisis de ese dispositivo reveló información contable y financiera relevante sobre las transacciones bajo investigación.

La audiencia de definición probatoria continuará el 5 de noviembre, cuando se decidirá qué otras pruebas serán admitidas en el juicio. Entre ellas figuran chats, videos y testimonios que, según la Fiscalía, demostrarían la existencia de movimientos de dinero presuntamente destinados a la campaña presidencial de 2022.