El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y pedir disculpas a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, luego de que lo señalara como “cómplice” del asesinato de 6.402 jóvenes en hechos conocidos como falsos positivos.

El mandatario tendrá un plazo máximo de cinco días para cumplir con la medida, que deberá ser publicada en X desde su cuenta personal y las institucionales de Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El hecho se remonta al 29 de septiembre de 2025, cuando Petro respondió un trino de Valencia con el mensaje, “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por armas oficiales, no lo siente”. La senadora solicitó el 30 de septiembre una rectificación oficial, la cual fue negada el 6 de octubre por Presidencia, argumentando que se trataba de una crítica política y no de una imputación penal.

En contexto: Paloma Valencia anuncia acciones legales contra Gustavo Petro por acusarla de ser cómplice en los falsos positivos

Ante la negativa, Valencia interpuso una acción de tutela, alegando que los señalamientos vulneraban su derecho al buen nombre y a la honra, y que excedían los límites de la libertad de expresión al constituir una imputación directa de responsabilidad penal inexistente. Además, señaló que los comentarios del Presidente configuraban hostigamiento por ideología política al provenir de la máxima autoridad del país hacia una figura de oposición.

El juez consideró que las declaraciones de Petro sí afectaban los derechos fundamentales de Valencia y determinó que debía presentar excusas públicas. Además, exhortó al Presidente a no repetir conductas omisivas respecto a sus deberes constitucionales y legales.

Con esta decisión, Petro se suma a una lista de fallos recientes que le han ordenado retractarse, como el caso en el que tuvo que disculparse por referirse a periodistas como “muñecas de la mafia”, en cumplimiento de la protección de derechos al buen nombre y a una vida libre de violencias para las mujeres en medios de comunicación.

Esta medida marca un nuevo capítulo en la tensión política entre el Gobierno y la oposición, dejando claro que los límites de la libertad de expresión frente a imputaciones graves pueden acarrear sanciones legales incluso para el Presidente de la República.