La Embajada de Estados Unidos en Bogotá instó al presidente Gustavo Petro a “dejar de ser indulgente” con los narcotraficantes y permitir que las fuerzas de seguridad persigan a los criminales, en medio de sanciones financieras y recortes de ayuda por parte de Washington.

El Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su hijo Nicolás Petro Burgos, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’. La medida congela todos los activos que los sancionados pudieran tener en Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción con ellos.

La Embajada advirtió en X que la Administración Trump “está recortando drásticamente la asistencia a Colombia y sancionando al presidente Petro y a sus cómplices”, y pidió que se permita a las fuerzas de seguridad perseguir a los narcoterroristas.

Respuesta de Petro y contexto bilateral

Petro calificó la sanción como “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y aseguró que no posee cuentas ni bienes en Estados Unidos, por lo que no habría activos que se puedan congelar.

Las relaciones entre Bogotá y Washington atraviesan uno de sus peores momentos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero. Recientemente, Trump acusó a Petro de “ser un líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando supuesta inacción frente a la lucha antidrogas.

En septiembre, el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que cumplen con estándares de combate al tráfico de drogas y revocó la visa de Petro tras instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de la Casa Blanca durante una manifestación propalestina en Nueva York.

El episodio refleja un momento crítico en la cooperación bilateral y plantea interrogantes sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.