El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó su renuncia irrevocable y dejó el cargo tras cuatro meses en el gabinete. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, entregada desde París, el saliente funcionario justificó su salida para concentrarse en la preparación del recurso de casación contra la absolución del expresidente Álvaro Uribe y advirtió sobre “traidores” que, afirmó, acechan en la Casa de Nariño.

Montealegre señaló que su retiro obedece a la “profunda indignación” por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la condena contra Uribe y sostuvo que continuará la batalla legal en instancias nacionales e internacionales. En la misiva, el exministro afirmó que buscará denunciar al expresidente ante tribunales internacionales si la justicia colombiana no actúa.

“Presidente, cuídese mucho; en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”, concluye la carta, citada por fuentes oficiales.

Choques internos y escasa gestión legislativa

Durante su breve paso por el Ministerio, Montealegre sostuvo públicas discrepancias con el procurador Gregorio Eljach y con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Fuentes del Gobierno y del Congreso habían señalado la existencia de tensiones que, según allegados al Ministerio, complicaron la gestión política del despacho.

Según el balance divulgado por su oficina, Montealegre radicó un único proyecto de ley ante el Congreso, iniciativa que hasta la fecha no registra debates en las plenarias. Ese contexto, junto con la presión política y una posible moción de censura, habrían influido en su decisión de renunciar antes de someterse a otro capítulo de confrontación en el Legislativo.

Enfoque en el proceso penal contra Uribe

Montealegre, quien fue reconocido como víctima en ese proceso, justificó que su salida obedece a la necesidad de “total libertad” para dedicarse al recurso de casación que está previsto ante la Corte Suprema de Justicia. En la carta también criticó a autoridades que —según él— han favorecido la impunidad y anunció que agotará vías judiciales internacionales si lo considera pertinente.

El ministro saliente vinculó además su decisión con la defensa de la iniciativa de una Asamblea Constituyente, que consideró imprescindible para cambiar lo que denominó “gobernanza” política y judicial del país.

La renuncia abre una vacancia inmediata en la cartera de Justicia y obliga al Gobierno a designar un reemplazo en un momento de alta presión política por los procesos judiciales de mayor impacto público. El Ejecutivo deberá responder ahora sobre la hoja de ruta para la casación contra la absolución de Uribe y sobre la continuidad de las políticas del Ministerio.