El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto 0858 de 2025, expedido por el Ministerio de Salud, con el cual el Gobierno Nacional pretendía poner en marcha —por vía administrativa— el modelo preventivo, predictivo y resolutivo contemplado en la reforma a la salud que aún se tramita en el Congreso. La decisión representa un nuevo revés jurídico para el Ejecutivo, que había intentado avanzar en la implementación de su reforma pese a la falta de aprobación legislativa.

La Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que el decreto excedió la potestad reglamentaria del Ejecutivo y vulneró el principio de reserva de ley. En otras palabras, el Gobierno no puede modificar aspectos estructurales del sistema de salud mediante decreto, ya que esa competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República.

La acción fue presentada por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien celebró la medida judicial. «El presidente Petro y el ministro Jaramillo acaban de sufrir un durísimo revés. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0858, que en la práctica era la implementación por la puerta de atrás de la reforma a la salud. Es una gran noticia para el país y seguiremos defendiendo el sistema de los abusos del Gobierno”, señaló el congresista.

El tribunal también recordó que la Constitución reserva al Congreso la facultad de definir la estructura del sistema de salud, el papel de las EPS y la regulación de los recursos públicos, por lo que el Ejecutivo no puede crear nuevas instituciones o modificar competencias sin un debate legislativo previo.

El contenido del decreto

El decreto 0858 establecía que la financiación del nuevo modelo saldría de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), del Sistema General de Participaciones y del Presupuesto Nacional, con lo cual la Adres pasaría a tener un papel central en los pagos y manejo de recursos —alrededor de $90 billones anuales—.

Además, disponía la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, conformadas por IPS públicas y privadas, con los Centros de Atención Primaria (CAPS) como eje principal del sistema. La medida buscaba acelerar la “territorialización” del modelo de atención, asignando responsabilidades directas a departamentos y municipios.

Sin embargo, para el Consejo de Estado, esa estructura representaba una reforma sustancial al sistema, no un simple ajuste operativo, y por tanto debía pasar por aprobación del Congreso.

Con esta decisión, el alto tribunal frena temporalmente la estrategia del Gobierno de implementar la reforma por decreto mientras continúa el debate legislativo en el Senado. La suspensión estará vigente mientras se resuelve de fondo la demanda, pero marca un precedente frente a los límites del Ejecutivo en materia de regulación sanitaria.

La suspensión del decreto 0858 constituye así un golpe político y jurídico al Gobierno Petro, que deberá ahora concentrar sus esfuerzos en lograr la aprobación formal de la reforma dentro del Congreso, donde el proyecto enfrenta resistencias incluso entre sus aliados.