Un juez de control de garantías de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, luego de que, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el mandatario no cumpliera adecuadamente con la orden de retractarse de sus declaraciones en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, conocido por liderar la investigación penal contra Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado.

En contexto: Gustavo Petro se retracta de mala gana por llamar “narcofiscal” a Mario Burgos

La jueza Tania Inés Jaimes Martínez admitió la solicitud presentada por Burgos, quien alegó que la retractación del presidente —hecha el pasado 16 de octubre— no se ajustó a los términos exigidos por el Tribunal, que en segunda instancia había ratificado la orden inicial del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá.

El desacato se origina por las declaraciones en las que Petro calificó a Burgos como “subordinado de la mafia” y “narcofiscal”, además de insinuar un vínculo con el narcotraficante Sebastián Marset durante comentarios sobre la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La Fiscalía General de la Nación desmintió esas afirmaciones y aclaró que el funcionario no tiene investigaciones abiertas por narcotráfico. El Tribunal de Cundinamarca determinó que los señalamientos del presidente afectaron los derechos fundamentales al buen nombre, honra e integridad personal del fiscal, y advirtió que, al provenir de una autoridad de tan alto rango, sus palabras podrían generar presión indebida sobre la independencia judicial.

Petro podría enfrentar sanciones

El auto judicial notificado a la Casa de Nariño fija un plazo de tres días para que el presidente presente sus explicaciones, y le recuerda que, en caso de incumplimiento, podría ser sancionado con arresto o multa, conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

Aunque Petro aseguró haber acatado la decisión, mantuvo sus críticas a la Fiscalía y defendió que sus pronunciamientos hacen parte del debate democrático. “He cumplido con la orden judicial, pero como presidente debo ejercer control político y defender la transparencia”, expresó en un comunicado anterior.

No obstante, el Tribunal reiteró que la libertad de expresión presidencial tiene límites y no puede implicar imputaciones sin sustento probatorio. El incidente, ahora en trámite, definirá si el mandatario incurrió en desacato y deberá rectificar nuevamente bajo las condiciones exactas impuestas por la justicia.