El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, en un fallo que marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la política colombiana.

La decisión se fundamentó en la falta de pruebas que acrediten que Uribe ordenó o participó directamente en los pagos que su abogado, Diego Cadena, habría realizado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

Según la Sala Penal, no existen elementos suficientes que demuestren que Cadena actuó bajo instrucciones del exmandatario o con su conocimiento. Por esa razón, el tribunal decidió absolverlo, señalando que no se pudo comprobar la existencia de una inducción o concertación para manipular testigos dentro del proceso.

El caso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos, luego de las denuncias del entonces senador Iván Cepeda. En ese momento, la figura del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve resultó determinante: aseguró que un abogado del expresidente intentó sobornarlo para que modificara su declaración, ofreciendo beneficios a cambio.

Monsalve grabó con una cámara oculta varias reuniones con Cadena, videos que más tarde se convirtieron en prueba clave dentro del proceso. A raíz de esas grabaciones, el abogado fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno, aunque Uribe sostuvo siempre que desconocía por completo sus actuaciones.

El expresidente, de 73 años, ha insistido en su inocencia y ha calificado el proceso como una persecución política. Según su defensa, las acciones de su abogado se realizaron sin su consentimiento, y el caso habría sido utilizado por sus adversarios para desprestigiarlo públicamente.

Aún hay otros procesos pendientes

Aunque el fallo representa un respiro judicial para el líder del Centro Democrático, no cierra completamente su panorama legal. Uribe todavía enfrenta otras tres investigaciones relacionadas con su presunta participación en la creación y financiación de grupos paramilitares, así como en masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos.

De mantenerse la absolución en futuras instancias, el exmandatario evitaría una condena de hasta 12 años de prisión domiciliaria, una sanción que habría marcado un precedente sin antecedentes en la historia política reciente del país.