El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpondrá un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal
Durante una rueda de prensa, Cepeda sostuvo que la mayoría de los magistrados del Tribunal ignoró hechos que, a su juicio, “no son simples indicios, sino pruebas sustanciales”. En particular, criticó la exclusión de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena, descartadas por la sala al considerar que se obtuvieron por error. La magistrada María Leonor Oviedo, quien salvó su voto, defendió que dichas escuchas ya habían sido validadas por la Corte Suprema de Justicia y debían ser tomadas en cuenta.
Cepeda también acusó al magistrado Manuel Merchán, ponente del fallo, de tergiversar la relación entre testimonios, pruebas y la responsabilidad del expresidente. “Respetamos la decisión, pero no la compartimos. Ignoraron elementos claves que muestran cómo se construyó una red de manipulación de testigos”, afirmó el congresista.
El camino hacia la casación
El recurso extraordinario de casación será presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra en el proceso. Según explicó el abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas, el objetivo es demostrar que la absolución se basó en una lectura parcial del expediente. Además, adelantó que el equipo jurídico está evaluando posibles acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.
El fallo del Tribunal anuló la condena emitida el 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia, quien en primera instancia había declarado culpable a Uribe por los mismos delitos. Sin embargo, la segunda instancia concluyó que no existían pruebas directas suficientes para sostener la sentencia.
Un caso con largo historial judicial
El proceso tiene sus raíces en 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por supuesta manipulación de testigos durante una investigación sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares. En 2018, la Corte Suprema archivó el proceso contra el senador y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe al hallar indicios de que el expresidente habría intentado influir en testigos.
Mientras continúa la controversia judicial, Uribe mantiene su actividad política y aspira a regresar al Congreso en las elecciones legislativas de marzo de 2026, ocupando el número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático.
El recurso de Cepeda ante la Corte Suprema reabre uno de los casos más emblemáticos de la justicia colombiana en las últimas décadas. Su desenlace podría marcar un precedente sobre la responsabilidad penal de los altos funcionarios y el alcance del poder judicial frente a los expresidentes.







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