La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, luego de una queja presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien denunció mensajes de odio en su contra.

Uribe aseguró que Montealegre, a través de cadenas de WhatsApp, lo habría calificado como “criminal de guerra” y otros términos que, según el exmandatario, son inadmisibles y generan un ambiente hostil que podría afectar a quienes administran justicia en su caso.

La denuncia señala presunta interferencia en la administración de justicia y vulneración del debido proceso, mientras Montealegre continúa en su cargo ministerial.

“El lenguaje proveniente de quien coordina las relaciones Gobierno-Justicia genera un ambiente hostil contra quienes ejercen mi defensa y tiene el potencial de impactar directamente a quienes administran justicia en mi caso”, afirmó Uribe en su queja disciplinaria. Además, agregó que la actuación del ministro “deshonra la dignidad del cargo” y trasgrede el Estado Constitucional de Derecho.

Montealegre está acreditado como víctima en el caso de falsos testigos contra Uribe, donde el expresidente fue condenado en primera instancia y la segunda instancia se definirá próximamente, pudiendo absolverlo o confirmar la condena.

El ministro, por su parte, ha anunciado que interpondrá una denuncia penal por prevaricato contra el procurador general, Gregorio Eljach, a quien acusa de parcialidad y de aliarse con precandidatos políticos para amordazarlo. No obstante, congresistas de diversas fuerzas políticas, incluido el presidente del Senado Lidio García, respaldaron públicamente al procurador frente a la eventual denuncia de Montealegre.

Con esta investigación, se intensifica la confrontación entre el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, en un contexto de debate sobre la influencia política en procesos judiciales y la protección de derechos fundamentales de las partes involucradas.