El presidente Gustavo Petro acató la orden judicial del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá y corrigió públicamente sus declaraciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien había calificado como “narcofiscal” en relación con investigaciones del narcotráfico y el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Según el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los señalamientos del mandatario afectaban los derechos fundamentales de Burgos, incluyendo su buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana. La Sala subrayó que la libertad de expresión no puede convertirse en un instrumento para realizar acusaciones sin fundamento que perjudiquen la credibilidad de las instituciones.

En su retractación publicada en X, Petro reconoció: “Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.

El presidente aclaró que sus expresiones sobre Burgos constituían juicios de valor y opiniones críticas emitidas en el marco de su función de control político, reafirmando su compromiso con la independencia judicial y la institucionalidad democrática. “Esta declaración representa un acto de acatamiento a las decisiones judiciales, pilar fundamental de nuestra institucionalidad democrática”, agregó.

Aunque Petro corrigió sus palabras, mantuvo su postura crítica sobre la gestión de Burgos en la Fiscalía, señalando supuestas conexiones con la fiscal general Marta Mancera y la llamada “junta del narcotráfico”. Burgos, quien lideró la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente, fue apartado del caso tras encontrarse irregularidades en la filtración de material relacionado con el proceso.

El episodio marca un nuevo capítulo en la tensión entre el mandatario y la Fiscalía, mientras el presidente busca mantener el equilibrio entre ejercer la crítica política y respetar los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales.