El Senado de la República aprobó en último debate el Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 546,9 billones de pesos, tras acoger el texto previamente avalado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, el debate no estuvo exento de controversias. Diversos sectores políticos cuestionaron el incremento de partidas en entidades clave del Estado, señalando que estos recursos podrían tener fines electorales.

Entre los aumentos más significativos figuran los 289.000 millones adicionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), los 580.000 millones para la Procuraduría y los 80.000 millones para el Congreso. La oposición denunció que estas asignaciones podrían servir para financiar actividades políticas en el año previo a las elecciones.

La senadora Angélica Lozano fue una de las más críticas, “Son muy peligrosas esas nuevas asignaciones, porque es plata que se presta para mermelada pura y dura en plena campaña, y expone el presupuesto a una nulidad”, advirtió.

“No es para hacer campaña”: Benedetti responde a las críticas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió con firmeza la legalidad y finalidad del presupuesto, desestimando las acusaciones de proselitismo. “Lo que diga la oposición casi siempre está cargado más de bilis que de otra cosa. Si alguien cuestiona que la Casa de Nariño necesita recursos para la cantidad de eventos que se realizan allá, entonces no sé en qué país viven”, sostuvo.

Benedetti insistió en que los recursos asignados al Dapre no tienen ningún propósito electoral y que responden al funcionamiento normal de la Presidencia. “En cualquier país se necesitan recursos, y nunca serán suficientes para atender las múltiples situaciones y eventos que se presentan. No es para hacer campaña. Si el presidente no se va a reelegir, ¿cómo van a decir que hay plata para campaña? Eso es irresponsable”, manifestó.

El ministro también aseguró que los incrementos presupuestales responden a una planeación técnica del Ministerio de Hacienda y no a decisiones políticas orientadas a favorecer intereses electorales.

La aprobación del proyecto en su último debate representó una derrota para los partidos independientes y de oposición, que habían intentado romper el quórum para impedir su aprobación. Con esta decisión, el Gobierno asegura el funcionamiento del Estado bajo las nuevas cifras presupuestales, mientras que el debate político sobre su uso apenas comienza.