La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, continuará en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de revocatoria presentada por su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, quien alegaba supuestas inconsistencias en la medida de aseguramiento.

La Fiscalía General de la Nación informó que la decisión se mantiene en firme, dado que el ente acusador demostró que Ortiz representa un riesgo para la comunidad y podría obstruir el proceso penal.

Según la investigación, el 12 de octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 1.500 millones de pesos en efectivo de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, dinero que posteriormente habría entregado al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez. Las pruebas indican que Ortiz utilizó vehículos oficiales para transportar el dinero, proveniente de recursos públicos destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a comunidades de La Guajira.

La Fiscalía sostiene que Ortiz tenía “pleno conocimiento de que los recursos provenían de la UNGRD” y que su participación fue clave en el direccionamiento irregular del contrato. El juicio en su contra está previsto para iniciar en noviembre, y mientras tanto, seguirá recluida en una guarnición de Carabineros en Bogotá.