La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles de un caso de presunta corrupción que involucra directamente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle.

La fiscalía afirma que el hermano del precandidato habría participado en un esquema de manipulación contractual en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante el periodo en que su hermano ocupó la Alcaldía de Medellín (2020-2023).

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción presentó ante un juez pruebas que apuntan a un presunto plan orquestado por Miguel Quintero junto a Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, y Sebastián Ortega, hijo del político bellanita William Ortega. De acuerdo con el ente acusador, el grupo habría direccionado contratos públicos a cambio de coimas que superarían los 3.200 millones de pesos.

El caso se apoya en conversaciones de un chat grupal en Telegram, llamado “Amigos”, donde —según la Fiscalía— los implicados discutían nombramientos, contratos y favores dentro de la administración distrital. En esos mensajes, Miguel Quintero recomendaba nombres para cargos públicos y expresaba molestia por retrasos en la contratación de allegados.

Entre los beneficiados figurarían personas recomendadas por Quintero y Ortega, como César Augusto Chavarría, hoy funcionario de la Dian, y Jennifer Quiceno, ambos vinculados previamente a entidades del municipio. La Fiscalía sostiene que existía un “comité paralelo de contratación” que influía en decisiones del Área Metropolitana.

Un penthouse incautado a la mafia, en el centro de las sospechas

El expediente judicial también incluye un episodio relacionado con un lujoso penthouse en El Poblado, que fue incautado a redes del narcotráfico y se encontraba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En mayo de 2020, Miguel Quintero habría enviado videos y fotos del inmueble al grupo de Telegram, asegurando que “ya se lo habían entregado”, pese a no existir registro oficial de asignación. Las imágenes mostraban reuniones y encuentros sociales en el lugar, incluso con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques e imputado en el mismo proceso.

El inmueble, de más de 500 metros cuadrados, seguía bajo control estatal al momento de los hechos. La SAE removió al depositario del apartamento en noviembre de 2021, tras detectar irregularidades en su manejo.

El noticiero Noticias Caracol, que reveló los hallazgos, intentó obtener declaraciones tanto de Miguel Quintero como del precandidato presidencial Daniel Quintero, pero ninguno respondió a las solicitudes de entrevista.

Por ahora, el proceso continúa en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que evalúa los testimonios y la trazabilidad de los contratos presuntamente manipulados. La investigación abre un nuevo frente de controversia para Daniel Quintero, quien busca consolidar su aspiración presidencial dentro del Pacto Histórico mientras crecen los cuestionamientos sobre su entorno más cercano.