Las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto regresaron este sábado al país en el avión presidencial, acompañadas del presidente Gustavo Petro y personal diplomático, tras haber sido detenidas en Israel mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria hacia Gaza.

El Gobierno confirmó que ambas connacionales viajaron desde Bélgica y resaltó que las gestiones diplomáticas garantizaron su libertad y retorno seguro. “El Gobierno de Colombia considera inaceptable que la solidaridad sea tratada como delito y reitera que las acciones humanitarias deben ser protegidas, no perseguidas”, indicó el comunicado oficial.

El avión presidencial aterrizó en la base militar de Catam, donde Bedoya y Barreto fueron recibidas por sus familiares y funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante su recibimiento, Barreto destacó que la experiencia reforzó la importancia del poder de la sociedad civil. “El pueblo tiene el poder… hemos logrado sembrar una esperanza en la sociedad para entender que al final ese poder está intacto y solo hay que expresarlo”, afirmó.

Por su parte, Bedoya relató que, aunque sintió miedo durante su detención, logró convertir esa emoción en una “herramienta de justicia” pensando en la población palestina afectada por la crisis en Gaza. “El miedo se puede manejar cuando hay un sentido muy fuerte de identidad y de justicia… eso lo aprendí de ellos”, explicó.

Contexto del viaje y declaraciones del presidente

Petro conoció a las activistas en Bruselas, donde se encontraba participando en el II Foro Global Gateway y mantuvo reuniones con autoridades europeas previo a la cumbre CELAC-UE que se celebrará en Santa Marta. El mandatario destacó la labor de Bedoya y Barreto como un ejemplo de solidaridad sin fines económicos, “mostrando la verdadera humanidad y apoyando a los pueblos más sacrificados por la codicia”, dijo.

Las activistas estuvieron recluidas en la prisión de Saharonim, en el sur de Israel, y fueron deportadas a Jordania antes de continuar su viaje a Bruselas y luego a Colombia. El Gobierno advirtió que, tras su regreso, ambas han recibido amenazas, y pidió respeto por su integridad y derecho a la solidaridad.

El caso deja un precedente sobre la protección de ciudadanos colombianos en misiones humanitarias internacionales y subraya los mecanismos de apoyo diplomático que el Estado puede desplegar en situaciones de riesgo.