El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó ante la Sala Plena la ponencia del fallo sobre la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, sancionada por el Gobierno el año pasado. Con esta radicación, el alto tribunal inicia la fase final del control constitucional sobre una de las reformas más emblemáticas del actual Gobierno.

La discusión se llevará a cabo el próximo martes 14 de octubre, y los magistrados deberán determinar si el Congreso corrigió los errores detectados durante el trámite legislativo, especialmente en la votación del texto final y en la falta de debate sustantivo durante su aprobación en la Cámara de Representantes.

En junio pasado, la Corte había ordenado devolver la ley al Congreso para subsanar esos vicios. La Cámara cumplió el requerimiento y revalidó el proyecto el 29 de junio de 2025, lo que permitió que el expediente regresara al alto tribunal para su revisión definitiva.

Las implicaciones del fallo

De la decisión de la Corte dependerá si la reforma entra en vigor o si el Gobierno deberá presentar una nueva iniciativa.

• Si se confirman los vicios de procedimiento, la ley podría ser declarada inexequible, obligando a un nuevo trámite legislativo.
• Si se concluye que los errores fueron subsanados, la Corte podría mantener la ley en firme y permitir su aplicación gradual desde 2026.

El procurador general, Gregorio Eljach, intervino en el proceso solicitando que la Corte la declare exequible, al considerar que los errores fueron debidamente corregidos y que no se vulneraron los principios de deliberación ni transparencia legislativa.

Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia, una de las demandantes, amplió su recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, alegando posibles conflictos de interés por su antigua relación con Colpensiones.

Un cambio estructural en el sistema pensional

La reforma plantea un modelo de pilares, en el que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos aportarían a Colpensiones, mientras los de ingresos mayores lo harían a los fondos privados. También crea un pilar solidario para adultos mayores sin pensión y un fondo de ahorro colectivo administrado por el Banco de la República.

El sistema actual tiene cerca de 26 millones de afiliados, de los cuales 7 millones pertenecen a Colpensiones y más de 19 millones a fondos privados. De aprobarse, la reforma redefiniría la distribución de subsidios y los flujos de cotización, cambiando la arquitectura financiera del sistema previsional colombiano.

La Sala Plena tiene en sus manos una decisión que no solo marcará el destino jurídico de la reforma, sino que también podría redefinir el futuro de las pensiones en el país y el equilibrio entre el sector público y el privado.