El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue sumando capítulos. La Fiscalía General de la Nación imputará dos nuevos delitos al exdiputado del Atlántico, peculado por apropiación y falso testimonio, que se suman a los ya formulados por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

La diligencia de imputación, prevista inicialmente para el 1 de octubre, fue aplazada por solicitud de la defensa, cuyo abogado, Alejandro Carranza, alegó compromisos personales y laborales. La nueva fecha será fijada después del 10 de noviembre por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

Los nuevos cargos se desprenden de declaraciones y movimientos financieros del exdiputado, quien reconoció en una entrevista con la revista Cambio haber recibido dinero durante la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque insistió en que se trató de “recursos lícitos” y no de aportes irregulares.

“Yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes (…) Yo cogí esa plata para comprar una casa. Esa es la realidad”, dijo Petro Burgos en esa entrevista.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que parte de ese dinero tendría origen ilícito y que el exdiputado habría mentido bajo juramento al rendir declaraciones en el proceso penal, lo que dio pie al cargo por falso testimonio.

Otro frente judicial abierto

Además de este proceso, la Fiscalía prepara cinco imputaciones adicionales relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Petro Burgos como diputado del Atlántico (2022–2023).

De acuerdo con la investigación, él y su entonces pareja, Day Vásquez, habrían utilizado contratos de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social, para beneficiar a allegados mediante acuerdos amañados.

La Procuraduría también le profirió pliego de cargos por presunto incremento injustificado de patrimonio, y advirtió que la dilación constante del proceso podría interpretarse como una estrategia para evitar el avance del caso.

La defensa de Nicolás Petro ha solicitado once aplazamientos desde el inicio del proceso, una conducta que tanto la Procuraduría como el juzgado calificaron como un intento de dilatar la justicia.

En paralelo, el expediente que investiga el uso irregular de recursos en la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue abierto y podría afectar la situación jurídica y la libertad condicional del hijo del mandatario.

Nicolás Petro fue capturado en 2023 y desde entonces enfrenta un proceso penal que podría reabrirse con nuevas pruebas sobre el manejo de fondos y contratos en el Atlántico.