La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por posibles irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según la investigación, ambos habrían tenido un papel clave en la supuesta manipulación de documentos para ocultar la violación de los topes de financiación de la campaña. En ese entonces, Roa fue el gerente de Petro Presidente y Jaramillo estuvo a cargo de la campaña al Senado por el Pacto Histórico.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio y Cambio, la Corte detectó evidencias de que varios vuelos realizados por Petro durante su campaña no fueron reportados como gastos presidenciales, sino que se cargaron irregularmente a la contabilidad de la campaña legislativa. Los documentos analizados muestran que se efectuaron 27 desplazamientos —equivalentes a 72 horas de vuelo— mediante un contrato con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).

Aunque las planillas indicaban que los vuelos transportaban a candidatos al Congreso, en realidad, en muchos de ellos viajaba el propio Petro junto a su esquema de seguridad y familiares. Los informes fueron luego modificados para que esos gastos figuraran como parte de la campaña al Senado, evitando así superar los topes permitidos.

La Corte estima que las facturas de los servicios aéreos habrían sido alteradas, lo que derivó en un presunto fraude por $1.215 millones. Esa suma fue reclamada como reposición de gastos de campaña por Jaramillo y distribuida entre 20 candidatos al Senado del Pacto Histórico, cada uno con un gasto reportado de $60 millones.

Los entonces aspirantes firmaron los informes sin conocer las inconsistencias, según constató la Sala de Instrucción. En un documento citado por W Radio, el alto tribunal señaló que “con la presentación del informe que contiene información falsa, se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral para proferir los actos administrativos que reconocieron la reposición de votos obtenidos por la lista cerrada al Senado”.

Jaramillo, bajo presión judicial y financiera

El caso de Guillermo Jaramillo se complica aún más. Como reveló La Silla Vacía, el ministro tiene embargado su salario y un apartamento debido a una deuda de $1.200 millones con la empresa Sadi, contratista de la campaña.

En medio de la crisis, Jaramillo ha intentado deslindarse, argumentando que la responsabilidad no es suya sino de los partidos del Pacto Histórico, ya que —según él— actuó bajo las orientaciones del Comité Político del movimiento, del cual hacía parte el propio Petro.

La investigación apenas comienza, pero la decisión de la Corte marca un nuevo golpe al Gobierno, pues dos de sus figuras más cercanas deberán responder ante las autoridades judiciales por los presuntos manejos irregulares en los gastos de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.