El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que permitía al Pacto Histórico realizar su consulta interna el próximo 26 de octubre, bloqueando temporalmente la definición de su candidato presidencial. La decisión afecta la inscripción de Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda y deja el proceso sin sustento legal.

La resolución del martes 7 de octubre establece que los solicitantes —Carolina Corcho y Gustavo Bolívar— no habían agotado previamente los mecanismos legales ordinarios antes de recurrir a la tutela. Con ello, el tribunal dejó sin efectos la medida provisional emitida el 25 de septiembre que avalaba la convocatoria de la consulta.

En el fallo, la sala señala, “Primero, declarar improcedente la acción de tutela de los señores Diana Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que concierne al debido proceso. Segundo, negar el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes. Tercero, dejar sin efectos la medida provisional decretada por la entonces ponente en auto del 25 de septiembre”.

Pese a este revés, el proceso de elección de candidatos al Congreso entre el Pacto Histórico y Colombia Humana continúa vigente, ya que se trata de un mecanismo interpartidista distinto al de la consulta presidencial.

El precandidato Daniel Quintero anunció que emprenderá acciones jurídicas para salvaguardar los derechos políticos de quienes buscan participar en la definición del candidato único de la coalición. Por su parte, la dirección del Pacto Histórico evaluará alternativas junto al CNE para garantizar la legitimidad de cualquier decisión futura. Entre estas opciones figura la realización de una encuesta interna, mecanismo que ya había sido considerado antes del cambio de estrategia impulsado por el presidente Gustavo Petro.

El fallo judicial representa un nuevo obstáculo en el camino del Pacto Histórico hacia las elecciones de 2026, en medio de tensiones internas sobre la forma de seleccionar a su abanderado presidencial. La situación mantiene abierta la discusión sobre cómo la coalición resolverá la candidatura y cómo se alineará con los procesos legales existentes.