El Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe por su presunta implicación en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos entre 1998 y 1999.

La decisión fue adoptada por la jueza Claudia Marcela Castro, quien también condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba.

El fallo judicial se apoyó en el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien vinculó a los hermanos Uribe, al exjefe paramilitar Carlos Castaño y al general (r) Carlos Mauricio Ospina en una presunta reunión en la que se habría decidido ejecutar los homicidios.

Villalba declaró en julio de 2008 que “el que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina”. Según su versión, el entonces gobernador de Antioquia habría manifestado preocupación por la posible actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de violaciones a los derechos humanos.

El exparamilitar fue asesinado ocho meses después, en marzo de 2009, en el municipio de La Estrella (Antioquia), mientras cumplía una condena bajo prisión domiciliaria.

Uribe niega los señalamientos

El expresidente Álvaro Uribe calificó la compulsa como “miserable” y aseguró que todo se basa en “una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.

Por su parte, la decisión también ordena a la Fiscalía investigar al general (r) Carlos Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, por su presunta participación en los mismos hechos.

Condena a Narváez y el caso Córdoba

Narváez fue hallado responsable del secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999, luego de que la Fiscalía demostrara que entregó información de inteligencia del DAS al jefe paramilitar Carlos Castaño para planear su retención.

La entonces congresista fue secuestrada en Medellín y liberada el 4 de junio de ese mismo año, gracias a la intervención de sectores políticos y humanitarios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la sombra del paramilitarismo en los años noventa y el papel de figuras políticas y estatales en los crímenes cometidos durante ese periodo.