El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado firme al presidente Gustavo Petro y a todos los funcionarios públicos para abstenerse de intervenir en la política electoral, de cara a los comicios de 2026. El objetivo, según Eljach, es garantizar un proceso transparente, tranquilo y sin presiones indebidas.

“Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma”, señaló el jefe del Ministerio Público, quien recordó que la Procuraduría actuará con sanciones frente a quienes incumplan esta norma.

Aunque la Constitución no pone al presidente bajo la vigilancia directa de la Procuraduría, Eljach hizo un llamado explícito a Petro a conducir las elecciones con imparcialidad. “Señor presidente, señores ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general, la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y disciplinaria”, enfatizó.

El funcionario también extendió su mensaje a los partidos políticos, exhortando a los líderes y candidatos a desarrollar campañas “sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones”.

La advertencia llega en un contexto en el que, según expertos y analistas, el presidente y su gabinete han operado en una “línea gris” de participación política. Entre los ejemplos citados se encuentran la convocatoria de la consulta interna del Pacto Histórico con solo tres precandidatos, pese a que inicialmente había sido cancelada, y el lanzamiento de una página web del Ministerio del Interior para que los ciudadanos propusieran preguntas para la consulta.

Asimismo, se han señalado acciones de comunicación oficial que podrían favorecer la narrativa del presidente, como la promoción de su gestión frente a la crisis de salud mediante las redes institucionales y el respaldo a determinados candidatos aliados.

El mensaje de la Procuraduría subraya la importancia de separar la función pública de la actividad política, recordando que cualquier intervención indebida será objeto de seguimiento y posible sanción disciplinaria.