Una jueza federal de Oregón frenó la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar la Guardia Nacional en Portland, tras las protestas registradas en las últimas semanas. La decisión representa un revés judicial para la Casa Blanca en su intento de federalizar tropas y mantener presencia militar en ciudades gobernadas por demócratas.

La jueza Karin J. Immergut, designada durante la administración del propio Trump, emitió una orden de restricción temporal que impide la activación de 200 efectivos en Oregón. El fallo, vigente hasta el 18 de octubre, podría extenderse dependiendo del curso del proceso judicial.

En su decisión, la magistrada sostuvo que el presidente carece de facultades constitucionales para federalizar la Guardia Nacional sin autorización del Congreso.
“Dado que el presidente federaliza la Guardia Nacional de Oregón sin autorización constitucional, sus acciones socavan el interés soberano del estado, protegido por la Décima Enmienda”, escribió Immergut en su fallo.

La jueza recordó que la Constitución reserva al Congreso la potestad de convocar tropas para ejecutar las leyes, reprimir una insurrección o repeler una invasión, y advirtió que la orden presidencial excede dichos límites. También subrayó que Estados Unidos “tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en asuntos civiles”.

Revés político y judicial para Trump

La orden bloquea la ejecución del memorando emitido por la Casa Blanca el 28 de septiembre, que instruía la federalización de la Guardia Nacional de Oregón para “proteger instalaciones federales y garantizar el orden” tras protestas frente a oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fallo se suma a otros reveses judiciales para la administración Trump. En septiembre, un juez federal en California declaró ilegal el uso de tropas militares en Los Ángeles, al considerar que violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al presidente emplear al ejército como fuerza policial interna.

Tensiones con los estados y nuevas advertencias

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también denunció presiones del Departamento de Defensa para aceptar el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en su estado.

“Quiero ser claro: no hay necesidad de tropas militares sobre el terreno en Illinois. No llamaré a nuestra Guardia Nacional para promover los actos de agresión de Trump contra nuestro pueblo”, declaró.

El plan de Trump incluye, además, enviar tropas a otras ciudades con gobiernos demócratas como Memphis y Chicago, argumentando la necesidad de “restaurar el orden público” ante disturbios vinculados a las protestas sociales.

Sin embargo, con el bloqueo judicial en Oregón, su estrategia de intervención federal enfrenta un nuevo obstáculo legal y político que podría redefinir los límites del poder presidencial sobre las fuerzas estatales.