Tras cinco meses de suspensión, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reanudó la investigación contra el presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña de 2022. La decisión se produjo luego de que se resolvieran las recusaciones pendientes contra los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambas negadas por falta de sustento jurídico.

Con el levantamiento de la suspensión, la comisión retomará la solicitud de pruebas documentales y testimoniales. Entre las nuevas diligencias se incluyen requerimientos a medios de comunicación y entidades financieras, así como la revisión de informes relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial.

Según reveló Cambio, el auto emitido el 24 de septiembre ordenó reactivar la recopilación de pruebas y la práctica de nuevas inspecciones. Entre las solicitudes destacan los documentos de Caracol Televisión sobre facturas emitidas a la campaña “Gustavo Petro Urrego 2022-2026”, que podrían evidenciar posibles excesos en los topes de gastos de la primera vuelta electoral.

La comisión también pidió informes de la UIAF, declaraciones de renta y estados financieros de personas señaladas en el proceso, entre ellas Nicolás Petro Burgos, Euclides Torres, Máximo Noriega, Christian Daes y Alfonso “El Turco” Hilsaca, mencionados en denuncias sobre supuestos aportes irregulares.

Además, fueron citados a rendir testimonio Antonio Peñaloza, exsecretario del Polo Democrático, y el representante legal de Ingenia Media S.A.S., empresa vinculada a la estrategia de comunicación de la campaña.

Si la Comisión de Acusaciones determina que existen pruebas suficientes, podría presentar una acusación formal ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Dicha acusación requeriría mayoría absoluta para avanzar hacia un eventual juicio político en el Senado. Sin embargo, con menos de un año para el fin del mandato presidencial y una Cámara donde el Gobierno conserva mayorías, las posibilidades de que el proceso prospere son limitadas.

Pese a ello, la decisión de reactivar el caso reabre el debate sobre la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia y podría tener repercusiones políticas en medio de las tensiones por su propuesta de convocar un poder constituyente.