El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente que su país se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles de la droga, incluyendo a organizaciones presuntamente vinculadas al gobierno de Venezuela. La medida marca un endurecimiento en la política estadounidense contra el narcotráfico y justifica acciones militares recientes en el Caribe.

Según un aviso confidencial enviado por la Administración Trump al Congreso, los carteles involucrados en el tráfico de drogas son considerados “grupos armados no estatales” y sus miembros “combatientes ilegales”. Esta clasificación busca legitimar las operaciones militares que dejaron 17 muertos el mes pasado en ataques a embarcaciones en el mar Caribe, al menos dos de ellas procedentes de Venezuela.

Especialistas legales consultados por medios estadounidenses señalan que la decisión otorga a Trump poderes extraordinarios en tiempos de guerra y consolida la base jurídica para futuras acciones militares. La notificación al Congreso argumenta que los actos de los carteles constituyen un ataque armado contra Estados Unidos, afectando tanto a ciudadanos estadounidenses como a naciones amigas.

Despliegue militar en la región

En respuesta a la amenaza percibida, EE.UU. ha movilizado al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 soldados en la región del Caribe. Además, se han desplegado cazas F-35B en Puerto Rico como parte de la operación.

El Gobierno estadounidense acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado como organización terrorista vinculada al narcotráfico, una versión que Caracas ha rechazado de manera enfática.

La declaración formal de conflicto armado eleva la tensión regional y puede afectar las relaciones diplomáticas con varios países de América Latina. Analistas advierten que esta medida también podría abrir un debate sobre los límites legales del Ejecutivo estadounidense en el uso de la fuerza contra actores no estatales en territorio extranjero.

La decisión llega en un momento de creciente presión interna en EE.UU., donde Trump busca consolidar su imagen de mano dura frente al narcotráfico mientras enfrenta cuestionamientos sobre la eficacia de sus políticas de seguridad y defensa.