El uribismo radicó un proyecto en el Congreso que propone modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de ampliar las garantías judiciales para los miembros de la Fuerza Pública investigados por crímenes en el marco del conflicto armado.

La iniciativa fue presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia junto al representante José Jaime Uscátegui, en el noveno aniversario del plebiscito por la paz. Según el Centro Democrático, la reforma busca “garantizar la presunción de inocencia” y permitir que las decisiones de la JEP puedan ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia.

“Los militares deben tener doble instancia, apelaciones, casaciones y tutelas que puedan llegar hasta la Corte Suprema. No se puede desconocer el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó Valencia al presentar el proyecto.

Cambios clave y cuestionamientos a la JEP

El texto también propone que la justicia penal militar emita conceptos técnicos sobre los casos de la Fuerza Pública —aunque no sean vinculantes— y que las penas para quienes no reconocieron responsabilidad no superen cinco años de cárcel, complementados con sanciones restaurativas, al igual que las aplicadas a excombatientes de las Farc.

Otro de los puntos centrales busca que se cierren los procesos de los militares que no hayan sido seleccionados como máximos responsables, del mismo modo que ocurrió con los exintegrantes de la guerrilla.

El debate se da mientras la JEP enfrenta apelaciones en sus primeras sentencias. Según Caracol Radio, se han presentado 22 apelaciones y siete solicitudes de aclaración sobre los fallos del 16 y 18 de septiembre, que condenaron a 12 soldados del Batallón La Popa por más de 135 casos de falsos positivos, y a siete exjefes del Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La senadora Valencia advirtió que, aunque el proyecto no toca la “inmunidad” de los exFarc, respaldarán acciones ante la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad en estos procesos.

Para que la reforma prospere, deberá superar ocho debates en el Congreso. Los primeros cuatro deben aprobarse antes del 16 de diciembre, en la primera vuelta legislativa. De no hacerlo, el proyecto sería archivado.