El partido Cambio Radical presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra los decretos 1047 de 2024 y 949 de 2025, emitidos por el Gobierno Nacional, que prohíben la exportación de carbón colombiano a Israel. En el mismo recurso, la colectividad pidió la suspensión provisional de los efectos del decreto, al considerar que la medida tiene un impacto directo sobre el empleo, las regalías y las exportaciones.

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, afirmó que la decisión del Ejecutivo “es ilegal e inconstitucional porque excede sus competencias y afecta de manera grave la economía nacional”. En el comunicado, el partido sostiene que el Gobierno “se extralimitó al imponer, mediante un acto administrativo, una sanción internacional sin autorización legal”.

La demanda también argumenta que el decreto está “falsamente motivado”, ya que no existe evidencia técnica que demuestre que el carbón colombiano sea utilizado con fines militares en Israel. Además, señala una posible “desviación de poder”, al considerar que el Ejecutivo empleó facultades económicas con fines de política exterior y presión diplomática.

Impacto en las regiones carboníferas

Cambio Radical advierte que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, pues existen alternativas menos restrictivas que una prohibición total. Según el partido, la decisión “afecta de manera grave el orden económico y social”, al golpear directamente las exportaciones, el empleo, las regalías y la estabilidad de las regiones productoras de carbón.

“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer los compromisos internacionales del país”, añadió Córdoba Ordóñez.

El documento presentado ante el Consejo de Estado subraya que la Constitución reserva al Congreso la facultad de adoptar sanciones de política exterior, por lo que el Ejecutivo habría excedido sus límites constitucionales.