El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a negarle la personería jurídica al movimiento Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro. Con una votación de seis magistrados en contra y dos a favor, el alto tribunal electoral ratificó su decisión previa y desató una nueva tormenta política dentro del Pacto Histórico, que ya había enfrentado una crisis por el mismo motivo.

La decisión del CNE se da a menos de un mes de la consulta interna del 26 de octubre, en la que el Pacto Histórico pretende definir su candidato presidencial y las listas al Congreso. Sin la personería jurídica, el movimiento de Pizarro no podrá participar con garantías jurídicas plenas, lo que amenaza con fracturar nuevamente la unidad del bloque de gobierno.

Tras conocerse el fallo, María José Pizarro reaccionó con firmeza y señaló que los retrasos del CNE son “injustificados” y afectan la libertad política de los sectores progresistas. La senadora, una de las figuras más visibles del petrismo, denunció que el condicionamiento a Progresistas “impide el ejercicio político pleno” de su movimiento.

“Lucharé por mi libertad política. En mí no caben ni el miedo ni la resignación”, afirmó Pizarro, quien advirtió que interpondrá nuevos recursos jurídicos en busca de que el CNE reconsidere su posición antes de la fecha límite del 26 de octubre. Según explicó, el plazo es decisivo, pues de no obtener la personería jurídica a tiempo, Progresistas no podría competir en la consulta ni presentar candidatos propios en 2026.

Un fallo que agrava la división en el Pacto Histórico

La negativa del CNE reaviva las tensiones al interior del petrismo, que ya se habían hecho evidentes cuando el fallo anterior llevó a cancelar la consulta interna programada para finales de octubre. En aquel momento, el presidente Gustavo Petro intervino directamente, presionando por una salida que permitiera mantener la unidad de las fuerzas de izquierda.

Pizarro, quien declinó recientemente su aspiración presidencial en favor de Iván Cepeda, había asumido el compromiso de encabezar la lista al Senado como parte de un pacto político que buscaba consolidar la segunda etapa del cambio. Sin embargo, con la decisión del CNE, su rol dentro del proceso electoral queda en entredicho.

“Cuando tomé la decisión de declinar mi aspiración presidencial lo hice con la convicción de garantizar la unidad y la victoria en 2026. Pero no hay garantías plenas para mi participación política mientras el CNE no otorgue sin condicionamientos la personería de Progresistas”, insistió la congresista.

Pizarro tiene ahora 25 días para agotar los mecanismos legales y lograr que el CNE otorgue la personería jurídica a su movimiento. De no conseguirlo, Progresistas podría quedar por fuera de la consulta interna del Pacto Histórico, un hecho que no solo afectaría la representación del sector que ella lidera, sino también la cohesión de la coalición de gobierno en su camino hacia las elecciones de 2026.

Mientras tanto, la senadora aseguró que seguirá impulsando el reconocimiento legal del movimiento y reafirmó su compromiso de “liderar, junto a las fuerzas progresistas, la segunda etapa del cambio en el Congreso”. Sin embargo, el fallo del CNE deja abierta una pregunta crucial para el petrismo, ¿podrá mantener la unidad de su bloque sin excluir a una de sus figuras más influyentes?