En una ceremonia marcada por la polémica, Carlos Ernesto Camargo Assis asumió este miércoles como magistrado de la Corte Constitucional, prestando juramento ante la vicepresidenta del tribunal. La decisión de no hacerlo frente al presidente Gustavo Petro buscó marcar la independencia del alto tribunal frente al Ejecutivo, en un contexto de críticas y cuestionamientos a su nombramiento.

El presidente Petro no asistió al acto, manteniendo la tensión que se generó desde la postulación de Camargo. Durante la elección, Petro había expresado su rechazo al nombramiento del exdefensor del Pueblo, y la derrota de su candidata respaldada en la Corte provocó cambios en el gabinete y la salida de varios funcionarios de su equipo de campaña.

El nombramiento de Camargo está siendo revisado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que admitió una de las ocho demandas presentadas. Entre los cuestionamientos se encuentran posibles prácticas de clientelismo, ya que durante su paso por la Defensoría del Pueblo nombró a familiares de nueve de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron. También se le acusa de haber entregado contratos a familiares de congresistas que respaldaron su elección.

Otro punto de controversia es la violación de la ley de cuotas: con la llegada de Camargo, la Sala Plena quedó integrada por un 66 % de hombres frente a un 33 % de mujeres, lo que generó críticas por la sobrerrepresentación masculina. Además, el magistrado Omar Joaquín Barreto pidió declararse impedido en la revisión de la elección debido a su amistad con Camargo.

En su discurso, Camargo afirmó que asumir el cargo no es un privilegio, sino una responsabilidad. “La tarea no será fácil. En tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte. Pero precisamente por eso la Corte debe ser firme”, sostuvo. Su intervención reconoció implícitamente las dificultades que enfrenta su nombramiento y las tensiones que persisten alrededor del proceso.

El proceso de revisión de las demandas continúa con la notificación a las partes involucradas y la evaluación de los impedimentos. Mientras tanto, Camargo ya ejerce funciones como magistrado de la Corte Constitucional, un puesto que coloca nuevamente la autonomía judicial en el centro del debate político.