El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente por las declaraciones que hizo el pasado 15 de julio, durante una alocución nacional, en las que calificó de “criminal” a Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, matriz de la EPS Sanitas.

Según la decisión del alto tribunal, el mandatario vulneró los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y la libertad de circulación del empresario, al formular acusaciones sin sustento probatorio sobre la supuesta financiación irregular de campañas políticas.

La corporación judicial precisó que las expresiones del jefe de Estado —como “crimen”, “criminal” y “debe irse”— no se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, al carecer de un soporte verificable.

“Las acusaciones dirigidas contra el actor por la supuesta comisión del ilícito de financiación de campañas políticas (…) no tienen un soporte mínimo que permita su verificación”, señaló el fallo.

Por esa razón, el tribunal ordenó que la retractación se realice en la próxima alocución presidencial, dado que las declaraciones iniciales se emitieron en ese mismo formato. La rectificación deberá hacerse de manera explícita y en relación directa con los señalamientos contra Grajales.

El origen del caso

Durante el consejo de ministros del 15 de julio, transmitido en cadena nacional, Petro acusó a Keralty y a su filial Sanitas de haberse “robado la plata del sistema de salud”.

“Se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa. Es un crimen de lesa humanidad”, dijo el mandatario en ese momento.

En referencia a Grajales, añadió “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar campañas con dineros extranjeros”.

Estas afirmaciones llevaron a Grajales a interponer una acción de tutela argumentando que el presidente había lesionado su reputación y lo había expuesto a una “condena social” sin que existiera una investigación penal o una sentencia judicial en su contra.

La defensa del presidente

El equipo jurídico del mandatario alegó que sus expresiones hacían parte de un discurso político protegido por la libertad de expresión y que las críticas se dirigieron contra una persona jurídica —el Grupo Kearly—, no contra Grajales como individuo.

Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó esos argumentos al considerar que las palabras del presidente aludían directamente al empresario y que el contexto de la alocución no amparaba las acusaciones bajo el derecho a la opinión política.

Una vez notificada la decisión, Petro deberá emitir la retractación en su próxima intervención pública en cadena nacional, tal como lo dispuso el Consejo de Estado.

La resolución marca un precedente importante sobre los límites de la libertad de expresión presidencial y la responsabilidad institucional en el uso del discurso público, especialmente cuando este afecta derechos fundamentales de particulares.