El Consejo de Estado confirmó la nulidad del nombramiento de Andrés Camilo Hernández Ramírez como consejero de relaciones exteriores en el Consulado General de Colombia en Ciudad de México. La decisión ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se fundamenta en que existían funcionarios de carrera con la experiencia y los requisitos necesarios para ocupar el cargo.

El nombramiento de Hernández se había realizado el 2 de agosto de 2024 mediante el Decreto 984, tras un proceso provisional. Según la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2025, la normativa colombiana exige priorizar a los diplomáticos de carrera para garantizar la profesionalización y estabilidad del servicio exterior.

El Consejo de Estado subrayó que, al momento de la designación de Hernández, había funcionarios de carrera idóneos para ocupar la posición en México. La corporación recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores impulsar concursos de mérito para cubrir vacantes, con el fin de proteger la carrera diplomática y consular.

El 31 de octubre de 2024, la Cancillería abrió un proceso disciplinario contra Hernández mientras se desempeñaba como cónsul en México, luego de múltiples denuncias sobre su gestión. La investigación incluyó la contratación de un especialista en derechos humanos sin autorización previa de la entidad, lo que llevó a solicitar el reintegro de los recursos utilizados.

Entre las denuncias figura la de Sonia Cuesta, excolaboradora del cónsul, quien asegura que Hernández le adeuda 19.000 dólares, equivalentes a sus ahorros de toda la vida, transferidos para recibir su ayuda pero no devueltos en su totalidad. Asimismo, Hernández enfrenta deudas con la Cancillería colombiana, arrendadores, proveedores de servicios y asociaciones colombianas en México.

Según la investigación, existe un “paz y salvo” sin firma por 12.700 dólares relacionado con la contratación irregular, además de otros pagos pendientes que siguen reclamando distintas entidades y personas en el país azteca.

La decisión del Consejo de Estado refuerza la prioridad de la carrera diplomática en Colombia y destaca la importancia de garantizar transparencia y profesionalización en los nombramientos de funcionarios en el exterior. El caso sigue generando seguimiento en la Cancillería y podría sentar precedentes para futuras designaciones provisionales en consulados y embajadas.