El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló una comunicación enviada en julio al Departamento de Estado de Estados Unidos, al FBI y a la DEA, en la que expresa su “profunda preocupación institucional” por la participación de cabecillas criminales en un acto público liderado por el presidente Gustavo Petro.

La carta, de siete páginas —de las cuales el mandatario local hizo públicas cuatro—, cuestiona el evento realizado el 21 de junio en la Plaza de La Alpujarra, donde el jefe de Estado subió a tarima a nueve líderes de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí como parte de un proceso de paz urbana. Entre ellos estaban Juan Carlos Mesa, alias Tom, y Freyner Ramírez, alias Pesebre, incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Gutiérrez sostuvo que la presencia de los cabecillas en un escenario político representó una “grave afectación institucional” y una revictimización para quienes han sufrido los delitos de estas organizaciones. Además, cuestionó que la salida de los condenados se hubiera dado por solicitud de la senadora Isabel Zuleta y no mediante orden de un juez, lo que a su juicio plantea dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En la misiva, el alcalde también advirtió sobre supuestas filtraciones que habrían alertado a Daniel Muñoz, hijo de alias Douglas, de un operativo en su contra, lo que le permitió evadir inicialmente la captura en junio. El joven terminó entregándose a las autoridades semanas después.

La revelación de esta carta se suma al distanciamiento político entre el mandatario local y el presidente Petro. Además, consolida la estrategia de Gutiérrez de estrechar vínculos con agencias internacionales, tras su reciente visita a Washington junto con Alejandro Eder, alcalde de Cali, en medio de la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

El debate sobre el alcance de la paz urbana en Medellín y la legitimidad de los voceros escogidos sigue abierto, mientras las investigaciones sobre las filtraciones señaladas por el alcalde avanzan en las autoridades competentes.