El precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella interpuso una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Presidencia de la República, luego de que se conociera la disminución de su esquema de seguridad. Según De la Espriella, esta medida lo deja en una situación de vulnerabilidad frente a amenazas concretas contra su vida y la de su familia.
El abogado aseguró haber recibido información de fuentes confiables sobre la existencia de una recompensa de ocho millones de dólares por atentar contra su vida, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros opositores políticos. “No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y al señor Petro como su cómplice. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, afirmó.
De la Espriella recordó que el 9 de junio de 2025, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, denunció ante la Fiscalía que grupos armados estarían ofreciendo recompensas millonarias para asesinar a precandidatos presidenciales, un hecho que se relaciona con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Acusaciones contra el gobierno
A través de sus redes sociales, el precandidato acusó al presidente Gustavo Petro y a sus aliados de “poner precio a su cabeza” y de intentar afectar su campaña política. “El Tigre no se deja cazar. Petro y sus cómplices han puesto precio a mi cabeza y planean destruir mi campaña. No me van a callar. Estoy listo para enfrentarlos y defender a Colombia”, expresó en un mensaje difundido en X.
En un video, De la Espriella afirmó que la atmósfera de hostilidad afecta principalmente a quienes defienden “la moral cristiana, la economía libre de mercado, la familia, el respeto por la ley y la fuerza pública”. También vinculó la polarización política y la retórica de odio con ataques recientes a líderes conservadores en el ámbito internacional, como los casos de Donald Trump en 2024 y Charlie Kirk en 2025.
El abogado solicitó a la justicia revisar de manera urgente las garantías de seguridad, argumentando que las autoridades están obligadas a proteger su vida y la de su familia en el marco del proceso electoral. De la Espriella enfatizó que no permitirá que estas amenazas lo silencien y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y la institucionalidad democrática.
