El Senado de la República aprobó en segundo debate la reforma a la Ley 30 de 1992, iniciativa del Gobierno nacional que busca asegurar mayores recursos para las instituciones de educación superior públicas en Colombia. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Educación, deberá ahora superar dos debates en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.

La propuesta introduce un cambio en la fórmula de distribución de los recursos. A partir de la reforma, el financiamiento de las universidades públicas se calculará con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), diseñado para reflejar de manera más realista las necesidades de las instituciones. Además, el Gobierno incrementaría sus aportes en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, lo que representa un aumento significativo frente al 30 % que rige actualmente.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, señaló que la reforma busca cerrar la brecha histórica en la educación pública, “Con esta reforma destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1 % del PIB e incluiremos a las instituciones técnicas y tecnológicas, tradicionalmente marginadas del sistema de financiamiento”.

Transparencia y control ciudadano

La iniciativa también incorpora mecanismos de veeduría ciudadana. Comunidades académicas y organizaciones estudiantiles podrán auditar el uso de los recursos, con acompañamiento de la Contraloría General de la Nación. Esto, según el Gobierno, permitirá mayor transparencia en la ejecución de los presupuestos asignados a las universidades.

El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación en el Senado y afirmó que esta reforma es clave para garantizar una educación pública gratuita y de calidad, “Más dinero para la universidad pública, donde la juventud puede estudiar con dignidad y calidad”.

Aunque el proyecto ya superó su discusión en Senado, aún debe pasar por la Comisión VI de la Cámara y luego en plenaria. En caso de que se introduzcan cambios, será necesario un proceso de conciliación antes de la sanción presidencial.

La aprobación en Senado representa un avance crucial para las universidades estatales, que durante años han reclamado un sistema de financiamiento más justo y sostenible. La decisión en Cámara definirá si este nuevo modelo logra consolidarse como una política de Estado.