La Fundación de Educación Superior San José anunció la destitución inmediata de su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, luego de conocerse presuntas irregularidades en la expedición del título profesional de Juliana Guerrero, actual viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad. El caso ha generado amplia controversia política y académica en el país.

En un comunicado, la institución confirmó que abrió una investigación exhaustiva para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y académicos en la entrega de títulos profesionales. Como medida inicial, además de la salida de Gutiérrez, se dio por terminado el contrato del equipo administrativo que lo acompañaba en sus funciones.

La Fundación sostuvo que estas decisiones buscan salvaguardar la credibilidad institucional y garantizar la transparencia en todos sus procesos. También aclaró que se trata de un hecho aislado que no compromete la confianza de estudiantes y egresados.

El rápido ascenso de Juliana Guerrero

Juliana Guerrero, de 22 años y oriunda de Valledupar, inició su trayectoria como representante estudiantil en la Universidad Popular del Cesar y luego se vinculó al movimiento del Pacto Histórico. Ha ocupado cargos como asesora en la Presidencia de la República y en el Ministerio del Interior, lo que la proyectó como parte del relevo generacional en el actual Gobierno.

Su reciente nombramiento como viceministra de Juventudes desató polémica cuando se reveló que en su hoja de vida inicialmente solo figuraba un título técnico en gestión contable. Sin embargo, semanas después apareció con un título en contaduría pública otorgado por la Fundación San José.

El caso encendió las alarmas en el Congreso. La representante Jennifer Pedraza advirtió que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional, y anunció que la denunciará por falsedad en documento público.

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Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, informó que su cartera iniciará una inspección formal a la Fundación San José por posibles irregularidades, entre ellas la no inscripción de la institución en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

La Fundación San José aseguró que actuará con total apego a la ley y estándares éticos en la investigación interna. No obstante, el caso de Juliana Guerrero no solo cuestiona la solidez de los controles académicos, sino que también impacta directamente en la legitimidad del Gobierno, al poner en entredicho la transparencia en el nombramiento de altos cargos.