La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, criticó el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y afirmó que no guarda relación con la lucha contra el narcotráfico, en medio de tensiones diplomáticas tras la descertificación de Colombia por parte de Washington.

Villavicencio señaló que los operativos de la flota estadounidense, que incluyen ocho buques y apoyo de aviones F-35 desde Puerto Rico, representan una “desmesurada presencia militar” en la región.

En diálogo con la AFP, la canciller cuestionó los ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y sostuvo que “el bombardeo (…) nos parece que no es la manera desde el punto de vista de la legalidad”.

La funcionaria añadió que Colombia apuesta por capturar a los presuntos narcotraficantes evitando la muerte de personas y aseguró que Naciones Unidas también ha cuestionado estas acciones.

Villavicencio reiteró que Colombia defenderá la soberanía de Venezuela, aun sin reconocer al gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones de julio de 2024, y afirmó que el país recurriría a instancias internacionales ante cualquier intervención militar, “Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz”.

La canciller también señaló que la medida de descertificación antidrogas anunciada por Estados Unidos, que retiró la certificación a Colombia pero permitió mantener la cooperación económica y militar, responde a motivaciones políticas más que técnicas: “Está claro que fue una decisión política, para condenar al presidente”, afirmó.

El despliegue estadounidense se da en medio de acusaciones contra Nicolás Maduro por presunto vínculo con un supuesto “cartel de los Soles”, cuya existencia niegan tanto Colombia como Venezuela. La situación tensiona aún más la relación entre Bogotá y Washington, marcada por diferencias políticas entre el presidente Gustavo Petro y la administración de Donald Trump.

Según la ONU, Colombia reportó 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2023, mientras los diálogos de paz con grupos ilegales permanecen estancados. Villavicencio enfatizó que, pese a la descertificación, el país continuará con sus políticas antidrogas, que considera eficaces para la región.