El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que obliga a las empresas a pagar 100.000 dólares por cada trabajador extranjero contratado bajo el programa de visas H-1B.

La medida, presentada como un freno a la inmigración laboral, amenaza con generar un fuerte choque con el sector tecnológico, dependiente de este tipo de permisos para atraer talento especializado.

Las visas H-1B, creadas en 1990, permiten a compañías estadounidenses contratar de forma temporal a profesionales en áreas como ingeniería, medicina, derecho o tecnología. Cada año se entregan 65.000 nuevas visas, más 20.000 adicionales para extranjeros con estudios de posgrado en universidades del país.

Expertos legales han advertido que la decisión carece de sustento jurídico, pues el Congreso solo ha autorizado al gobierno a fijar tarifas que cubran los costos administrativos, no a imponer sanciones económicas. No obstante, la Casa Blanca sostiene que la medida busca disuadir la entrada de trabajadores extranjeros.

La industria tecnológica y asociaciones empresariales ya manifestaron su rechazo y alertaron sobre el riesgo de una fuga masiva de talento hacia Europa y Asia. En paralelo, analistas prevén una batalla legal que podría frenar la aplicación de la disposición.