La Fiscalía citó para el próximo 1 de octubre a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, a una nueva audiencia de imputación de cargos que amplía su proceso judicial. A los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público se sumará ahora el de tráfico de influencias, según confirmó un juzgado de Barranquilla.

El expediente indica que el exdiputado del Atlántico habría utilizado su condición de hijo del jefe de Estado para gestionar reuniones con ministros y directivos de entidades públicas, con el fin de incidir en nombramientos y en la entrega de cuotas burocráticas. Parte de esas actuaciones estarían respaldadas en los chats revelados por su expareja, Day Vásquez, donde se mencionan encuentros con funcionarios de alto nivel en noviembre de 2022.

Además de este nuevo cargo, Nicolás Petro deberá responder por contratos que superan los $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, y que nunca habrían sido ejecutados. Los recursos estaban destinados a programas para adultos mayores y estudiantes con discapacidad.

La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento intramural, lo que podría llevar al hijo del presidente a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Este caso se suma al otro expediente en curso, en el que es investigado por presuntamente apropiarse de dinero ilegal que debía ingresar a la campaña presidencial de 2022.

De confirmarse las imputaciones, Nicolás Petro enfrentaría penas que van desde cuatro hasta dieciocho años de cárcel, además de multas millonarias, en un proceso que vuelve a poner bajo presión política y judicial al entorno más cercano de la Casa de Nariño.