El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro eliminar una publicación en su cuenta de X y publicar una retractación pública por expresiones consideradas ofensivas hacia la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

La Sección Tercera del Consejo de Estado otorgó un plazo de 48 horas a Petro para eliminar el trino publicado el 19 de marzo de 2025. Además, el mandatario deberá publicar un nuevo mensaje en la misma red social en un máximo de 10 días, con contenido similar pero en el que se retracte de las afirmaciones emitidas contra el gremio empresarial.

Esta decisión revocó un fallo previo del 11 de julio de 2025, que inicialmente había rechazado la petición de la Andi. El tribunal concluyó que el presidente afectó el buen nombre del gremio al emplear términos como “nazis”, “esclavistas” y “odio racial”.

Contenido de la publicación cuestionada

El trino en contención incluía un mensaje extenso en el que Petro afirmaba que la Andi, bajo la presidencia de Bruce Mac Master, estaba compuesta por empresarios que defendían posiciones extremas y que buscaban “destruir al gobierno por literal odio étnico” y “atacar la dignidad de los trabajadores”.

El magistrado Freddy Ibarra, al resolver la segunda instancia, señaló que las imputaciones excedían el marco de protección del discurso político. En otras palabras, no se trataba solo de opiniones, sino de afirmaciones peyorativas sin sustento que generaban un descrédito institucional.

Este fallo traza un precedente sobre los límites de la libertad de expresión del presidente, especialmente en redes sociales y medios públicos. Aunque la Casa de Nariño argumentó que términos como “odio étnico” o “esclavismo” se usaron con fines retóricos y políticos, el Consejo de Estado aclaró que el derecho a la expresión no ampara la difusión de acusaciones infundadas que constituyan imputaciones fácticas sin sustento verificable.

La decisión representa un límite claro a los ataques de Petro contra sectores con los que mantiene diferencias, estableciendo que el discurso político no puede ser utilizado para afectar la reputación de personas o instituciones sin pruebas verificables.