En La Dorada, Caldas, durante la entrega de 18.000 hectáreas de tierra en el marco de la reforma agraria, el presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en 2026.

El mandatario pidió a las organizaciones sociales y campesinas unirse para materializar esa propuesta, que, según él, permitiría cumplir de fondo el espíritu de la Constitución de 1991.

“Empecemos a hablar de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”, señaló el presidente.

En su discurso, Petro argumentó que la actual Carta Magna “tuvo trampa” en su formulación y que ha permitido la consolidación de lo que llamó un “Estado mafioso”. Para el jefe de Estado, una nueva Constituyente debería garantizar que lo consignado en el texto constitucional se cumpla en la práctica.

“Que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado social de derecho que ordenó la Constituyente del 91”, expresó Petro.

Además, señaló que el paramilitarismo logró penetrar todas las ramas del poder público y aseguró que, hasta hace tres años, incluso había influido en la Presidencia de la República. Según su visión, esta “gobernanza paramilitar” fue clave en el crecimiento de los cultivos de coca en el país.

Choque con las instituciones locales

En medio del acto, Petro también cuestionó la ausencia de funcionarios claves, como representantes del Banco Agrario y el comandante de Policía de La Dorada. Molesto, afirmó que la Policía debe responder por la seguridad de los campesinos del Magdalena Medio.

“Que le diga que la orden que da el presidente es que aquí se cuida el campesinado o se cambia la Policía, porque no vamos a permitir un nuevo asesinato más”, sostuvo.

Aunque la convocatoria de una Constituyente requiere un complejo procedimiento, Petro planteó que su propósito es hacerla realidad en el corto plazo. Para ello, se necesitaría que el Congreso apruebe una ley que defina el número de delegados, su sistema de elección y los temas a discutir. Posteriormente, la Corte Constitucional tendría que avalar la convocatoria y, finalmente, los ciudadanos decidirían en las urnas si respaldan o no el proceso.

La propuesta de Petro, que ya había mencionado en distintas ocasiones pese a que en campaña prometió no impulsarla, se convierte ahora en uno de los ejes de su discurso político en la recta previa a las elecciones de 2026.