Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos envió el 17 de septiembre una carta al secretario de Estado Marco Rubio para rechazar sus declaraciones en defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, condenado por fraude procesal y soborno de testigos.

En la misiva, firmada por legisladores como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Jim McGovern y Nydia Velázquez, los congresistas recordaron que “el auténtico Estado de derecho exige que ninguna persona, sin importar su estatus o posición en el Gobierno, esté por encima de la ley”. Además, pidieron a Rubio “cesar los ataques contra la independencia del sistema judicial colombiano” y dejar claro que la política estadounidense no exime a nadie del cumplimiento de la ley.

La reacción surge tras los comentarios de Rubio el 28 de julio, cuando afirmó que Uribe era “víctima de jueces radicales” y que la justicia colombiana había sido “instrumentalizada”. Para los legisladores, esas declaraciones cuestionan la independencia judicial y vulneran la soberanía de Colombia. “Esa postura representa un desprecio por el Estado de derecho en Colombia”, subrayaron.

Los congresistas recordaron que el proceso contra Uribe se extendió por más de trece años, involucrando gobiernos de distintas tendencias políticas y fiscales designados por administraciones diversas, y que su condena de 12 años de arresto domiciliario respondió a un juicio legítimo. Según la misiva, al difundir una “narrativa falsa sobre el sistema judicial colombiano”, Rubio “debilita la credibilidad de Estados Unidos como líder en la promoción de la buena gobernanza y los derechos humanos en el mundo”.

Rubio ha mantenido históricamente cercanía con sectores del uribismo, respaldando políticas de mano dura contra el narcotráfico y defendiendo tratados comerciales y alianzas geopolíticas con Colombia. Sin embargo, los legisladores demócratas enfatizan que la independencia judicial debe ser respetada sin interferencias políticas externas.

La carta concluye con un llamado directo al funcionario estadounidense, reafirmar el respeto a la justicia colombiana y dejar claro que nadie está por encima de la ley, ni siquiera expresidentes, en una advertencia que refleja la sensibilidad de la relación bilateral frente a intervenciones percibidas como injerencia.